INFORME FINAL 293-16 MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR SOBRE AUDITORÍA A LAS CONTRATACIONES DE HONORARIOS IMPUTADAS A LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 21.03.001 Y 21.04.004 – DICIEMBRE 2016

293/2016
1/12/2016
Informe Final de Auditoría
Regional Valparaíso
MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
Regional
Valparaíso
Municipios y Corporaciones de la Región
INFORME FINAL 293-16 MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR SOBRE AUDITORÍA A LAS CONTRATACIONES DE HONORARIOS IMPUTADAS A LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 21.03.001 Y 21.04.004 – DICIEMBRE 2016
ALCALDESA, MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR, ALCALDESA
SECRETARIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR, SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR DE CONTROL, MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR, DIRECTOR DE CONTROL
Practicar una auditoría a las contrataciones a honorarios efectuadas por la Municipalidad de Viña del Mar, entre el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 e imputadas a las cuentas presupuestarias 21.03.001 y 21.04.004, del Clasificador Presupuestario de Gastos.
De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la entidad fiscalizada, durante el período examinado un total de 1.124 personas fueron contratadas con cargo al subtítulo 21, ítems 03 y 04, asignaciones 001 y 004, “Suma Alzada-Personas Naturales” y “Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios”, respectivamente, por los cuales se desembolsó la suma de $5.894.100.794.
Las partidas sujetas a examen se determinaron mediante muestreo estadístico, con un nivel de confianza del 95%, y una tasa de error de 3%, parámetros aprobados por esta Entidad de Control, cuya muestra fue de 111 personas contratadas a honorarios, equivalente a un monto de $601.315.803, lo que representa un 10,2% del universo antes mencionado.
Adicionalmente, se analizaron partidas claves no incluidas en la muestra estadística, correspondientes a 46 personas, seleccionadas de acuerdo a la importancia y al riesgo que revisten, por un monto de $301.413.642.
En consecuencia, el total examinado, muestra estadística y partidas claves, alcanza un total de 157 servidores contratados a honorarios, los que generaron erogaciones por $902.729.642; esto es, un 13,97% del citado universo de personas contratadas con cargo a las cuentas en revisión.
Luego, con el propósito de constatar en terreno que los servicios pagados por el municipio hayan sido prestados por parte de los contratados a honorarios, se obtuvo una submuestra analítica a partir de la muestra anterior, la que asciende a 59 casos, lo que representa un 37,58% del total auditado.
• No existen antecedentes que acrediten el cumplimiento de las labores encargadas al señor Torres Kameid, -referidas a la “Atención de reclamos de ilegalidad, recursos de protección en contra del municipio y atención a los siguientes juicios … “, por lo que esa municipalidad deberá solicitar el reintegro de $8.111.886, informando de ello a esta Sede Regional en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente informe, o en su defecto, cumplido dicho plazo esta Contraloría Regional procederá a formular el reparo pertinente, por gastos no acreditados.
• Se pagaron honorarios que carecen del informe mensual de actividades, situación que incumple lo establecido en los contratos y la referida letra e), del artículo 2°, de la resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General, esa entidad edilicia debe solicitar el reintegro de los montos pagados sin respaldo a doña Yohana Ahumada Puño y señores Omar Ferrero Aguilar y Sebastián Rojas Salas, por las sumas de $225.000, $785.594, y $454.474, respectivamente, debiendo informar el resultado de esa medida a la Unidad de Seguimiento de esta Sede Regional. .
• Se contrataron 37 personas para elaborar estudio en circunstancias que cumplieron labres distintas, 17 de los cuales son funcionarios municipales que realizaron tareas propias de su cargo municipal -situaciones que no armonizan con el artículo 4°, de la citada ley N° 18.883-, sin que se haya acreditado para ninguno de ellos sus competencias para la labor encomendada -proceder que no se ajusta al dictamen de la Contraloría General N° 3.339, de 2007-, y que los informes mensuales que respaldaron los pagos a 29 de esos servidores no fueron elaborados por éstos -incumpliéndose las cláusulas octava y novena de los respectivos convenios-, ese municipio debe solicitar, en el caso de los funcionarios municipales los reintegros correspondientes, sin perjuicio de aquello, esa entidad edilicia deberá instruir un procedimiento disciplinario.
• Se efectuaron contrataciones a honorarios de personas con vínculos de parentesco con doña Judith Arancibia Canales, Directora Desarrollo Económico y Fomento Productivo, con don Marcelo Quezada Pulido, Director (S) Departamento de Personal y con don Patricio Valdivia Fernández Director (S) Gestión e Imagen Corporativa, vulnerando con ello el artículo 54 de la anotada ley N° 18.575, corresponde que esa entidad deje sin efecto los contratos a honorarios de don Gabriel Pinto Ibarra, Gonzalo Escobar Romero y doña María Valenzuela Riffo, medida que se comprobará en una visita de seguimiento.
• Se detectaron contrataciones a honorarios que no detallan en forma clara y precisa las labores a ejecutar -vulnerando con ello el inciso segundo, del artículo 4°, de la anotada ley N° 18.883-; y, acuerdos del mismo tipo que no especifican la forma en que debe realizarse el cometido- -lo que no se ajusta a la jurisprudencia de la Contraloría General contenida en dictamen N° 7.266, de 2005-, por lo que ese municipio deberá cumplir lo comprometido en su respuesta, en orden a que, por una parte, el Departamento de Personal revisará los programas comunitarios para determinar de manera justificada los servicios que se requieran y por otra, incorpore nuevas cláusulas en los respectivos contratos, fijando las modalidad en que ha de cumplirse el encargo.
• Se efectuaron contratación a honorarios de personas, con cargo a las partida presupuestaria, 21.03.001, para desempeñar labores que son habituales de esa entidad y que se encuentran establecidas en el señalado Reglamento de estructura y Organización Interna -lo que transgrede el artículo 4° de la mencionada ley N° 18.883-, y por otra, 21.04.004, para ejecutar labores que corresponden a la gestión interna de esa entidad -lo que resulta improcedente acorde a lo dispuesto en el citado decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda-, contratos que en algunos casos, además, se extienden por años para efectuar las mismas labores -situación que no se ajusta a la jurisprudencia de la Contraloría General, contenida, entre otro, en el dictamen N° 77.146, de 2014-, corresponde de que ese municipio adopte medidas para evitar la reiteración de esos hechos.

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